JAVIER GOMEZ BERMUDEZ EN LA JAULA DE GATOS.

Fecha: 16 de Enero de 2014

Lugar: LA POSADA DE LA VILLA

          Cava Baja, 9

          M A D R I D

Asistentes: Javier Gómez Bermúdez (invitado). Jacinto Santos, Carlos Sánchez Horneros, Carlos Arribas, Agustín Ruiz. Luís Blázquez, Javier Ruiz de Asín, Guillermo Llamas, Julio Rodríguez, Gerardo Viada, Miguel Muñoz Calero y Luís Yáñez.

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Fue más que suficiente un instante para romper esa especie de  inquietud que teníamos, sobre cómo se desarrollaría la tertulia con el Magistrado Javier Gómez Bermúdez. Lo cierto es que uno de los más insignes jueces de este país ocupara su lugar como invitado, nos producía una cierta desazón y en cierto modo nos   preocupaba como tendríamos que hacer las cosas para llevar a buen término la jornada. Estábamos convencidos que sería necesario utilizar nuestra más depurada diplomacia para paliar de alguna forma esta nueva situación, sin embargo nada más lejos de nuestra infundada suspicacia; el trato con Javier Gómez Bermúdez fue de lo más cordial, natural y humano que pudiéramos imaginar. Todos los reparos quedaron  disipados desde el momento que hizo su aparición en el lugar  que previamente  habíamos convenido. Fue como una especie de bocanada amistosa, una sonrisa franca y un apretón de manos rompieron en mil pedazos cualquier viso de desconfianza.  No me cabe la menor duda que ese impacto inicial que se produce cuando una persona llega de nuevas a un sitio con paisaje y paisanaje desconocido,  es como una especie de halo  privativo solo de los grandes hombres, Javier Gómez Bermúdez, es uno de ellos.

Nacido en Álora (Málaga) el 3 de Agosto de 1.962. A los 22 años obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada. Con 25 años aprueba las oposiciones a Juez, siendo destinado al pueblo malagueño de Torrox donde desempeña su función hasta 1989 que es nombrado Magistrado con solo 27 años de edad. Una carrera de lo más brillante y meteórica en el mundo de la judicatura, fruto del esfuerzo, el estudio y el trabajo constante que le llevan a ser reconocida su enorme capacidad para el ejercicio de la judicatura en todos los estamentos jurídicos del país. Como no podía ser de otra forma, a los 42 años (2004) es nombrado Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto que desempeña hasta el año 2012. Además de Magistrado, en la actualidad es Profesor de la Universidad Europea de Madrid.

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Fue directo y sincero desde el principio y no puso objeción alguna a cualquiera de las preguntas que quisimos formularle. Sabía que serían muchas y distintas, ya que los casos que ha resuelto han sido de lo más complejos y significativos de la historia judicial española. Su trayectoria profesional está jalonada por éxitos continuos uno tras otro, de ahí que afrontase con valentía cualquier reto que le hubiésemos puesto. La curiosidad era algo natural. Todos ardíamos en deseos de conocer sus opiniones sobre cuestiones de los distintos casos que él ha llevado.

Nos dejó máximas y reflexiones de lo más contundentes. Estas son algunas de ellas:

“Las últimas detenciones de los abogados de ETA, es un fraude de ley”.

“La “destrucción” del poder judicial se inicia en los años  ochenta del pasado siglo, con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

“El ciudadano lamentablemente no se está dando cuenta que están desmontando el último baluarte de su libertad al atacar sistemáticamente al poder judicial”.

“Las leyes te protegen fundamentalmente de dos cosas, del error y sobre todo de la arbitrariedad”.

“La justicia cuando se acerca al poder es injusta, sin embargo cuando está próxima a la ciudadanía suele ser justa”.

“Si se permite que la ley se module y se adapte según los intereses particulares, uno acaba no teniendo seguridad jurídica de ningún tipo”.

“El problema entre los jueces es el cainismo, supone que es igual o similar a lo que ocurre con  los miembros de cualquier otra profesión, que no es otro que el problema de progresar aún a costa de perjudicar a un compañero”.

“Lo que no puede determinar  las resoluciones de un juez, es la ideología de este”.

“Si un juez interpreta la ley hasta el punto de hacer o inventar una nueva ley, es un mal juez, y además es un verdadero peligro para el ciudadano”.

“Hay que borrar de una vez por todas esa tergiversación de que la justicia es el juez, nada de eso, el juez es el servidor de la justicia”.

“Si un juez es ideológicamente obediente con el poder establecido, y en función de esa coyuntura política del momento, dictase una sentencia condicionada por ello, sería una perversidad y una infamia”.

“Líbrenos Dios de la conciencia de los jueces”.  

“Cuando le nombran Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, durante el gobierno de José María Aznar, le resulta sorprendente pero le parece muy bien y lo acepta, por eso cuando lo cesan, también lo acepta, no hace reclamación alguna y se abstiene de hacer comentarios al respecto”.

“El que calla otorga”; vaya refrán…, el que calla ni afirma ni niega, salvo que en aras de la buena fe alguien se niegue a hablar; y en muchas ocasiones, el que calla, otorga la posibilidad a quien habla, de que revise sus dichos”.

“El acceso a un juez no está regulado, tampoco está prohibido, lo que sí está  prohibido es el asesoramiento”.

“El poder judicial tiene mecanismos legales para obligar a todo el mundo, menos al Rey, a entregar lo que se le pida”.

Y estas fueron algunas de sus consideraciones:

“En relación con el caso Noos, considera que el Juez Castro ha tratado de hacer las cosas bien, de eso no le cabe  la menor duda, sin embargo cree que se equivoca al tomar la decisión de hacer un auto de imputación explicando porque llama a declarar a la Infanta Cristina por un supuesto delito fiscal y de blanqueo, algo que no se debe hacer  jamás; en su opinión lo que tenía que haber hecho como juez, es citarla a declarar con su abogado y nada más. Tiene la completa seguridad que si el abogado, cuando salta todo este asunto le dice a la Infanta que vaya a declarar, hoy el caso estaría archivado.  El problema es que hemos pervertido el sistema, parece que cuando se llama alguien a declarar con su abogado es para condenarlo, y no es así. Lo que no tenía que haber hecho el juez Castro,  es haber dado  explicaciones de ningún tipo, el hecho de hacerlo a dado pie a la prensa sensacionalista para convertir el caso en un show que no favorece en nada al ejercicio profesional de la justicia. De todas formas está convencido que este caso, antes o después acabará archivándolo el juez”.

“Sobre las cuestiones de ETA, en todo aquello que él ha estado directamente relacionado con las sentencias contra la banda terrorista, considera que la “doctrina Parot”, de la cual fue uno de sus impulsores, era y es tremendamente justa. Una jurisprudencia que se establece con la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo, por el que las redenciones de la pena por beneficios penitenciarios, no debían descontarse del tiempo máximo de estancia en prisión, que el Código Penal de 1973 fijaba en 30 años, sino a cada una de las condenas individualmente, siendo así, que los beneficios anteriormente citados se descontarían por cada una de las penas a las que el terrorista hubiera sido condenado, que se irían cumpliendo de manera sucesiva, empezando siempre por aquellas de mayor cuantía. A tenor de esta sentencia, se endurecía el cumplimiento de las penas, por lo que el etarra Henri Parot presenta un recurso, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza la aplicación de la “doctrina Parot” y recordó que su sentencia es vinculante y sentaba jurisprudencia, por lo cual el Estado español como firmante de propio convenio del Tribunal, debiera acatar y cumplir dicha sentencia. Aun reconociendo que el fallo del TEDH es muy injusto, es el poder político el que debe acatarlo, los tribunales de justicia cumplieron su deber en el momento que dictaron sentencia. También puntualiza que con la ley en la mano, un juez no puede estar pendiente de lo que digan o demanden las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, aunque reconoce que una víctima jamás verá con buenos ojos la redención o el indulto del asesino de un familiar, y es lógico y humano que no perdone, ya que sobre los sentimientos no manda nadie más que uno mismo, y es algo muy particular que se debe respetar. Tiene muy claro que la expresión de “preso político” de un miembro de ETA es un disparate conceptual, ya que aunque el terrorismo es un fenómeno de violencia política, los delitos cometidos no lo son”.

“Sobre el caso 11-M, desmiente  declaraciones que se le han atribuido y que él jamás ha dicho, por ejemplo la presidenta del Foro de Ermua, Dª Inmaculada Castilla de Cortázar, asegura que le había manifestado lo siguiente: “Hay cosas tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante”, y eso es completamente falso, ya que jamás ha hablado con dicha señora. Durante el desarrollo del  caso 11-M, todos los días del juicio me acercaba a hablar con los abogados de la defensa, para explicarles procesalmente como era el tema, por supuesto siempre en presencia de la parte contraria. Si es verdad que yo les dije a las víctimas, “tranquilidad”, pero nunca hablé de ningún autor intelectual del atentado, porque eso no existe en el 99% de los casos, ya que el autor intelectual casi siempre coincide con el autor material, y ese 1% restante puede ser un sujeto inductor que no se conoce y por lo tanto no se le puede juzgar. Parte de los autores materiales e intelectuales de este delito, (11-M), murieron el 3 de Abril de 2004 en Leganés,  suicidados, y el resto están condenados y encarcelados. Lo que se ha pretendido desde el diario El Mundo y Libertad Digital, es manipular a la opinión pública durante 10 años, diciendo que la sentencia no resolvía las dudas sobre la autoría de la masacre; una “conspiranoia”  que han fomentado estos medios de comunicación con la intención de poner en tela de juicio con intenciones bastardas, la sentencia y el refrendo del Tribunal Supremo sobre el caso. De ahí que los directores de ambos medios, Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos, para él sean jurídicamente irrelevantes y le importe un “pito” sus opiniones”.

“Su particular opinión sobre el “caso Blesa”, que arranca en Diciembre de 2009, por una denuncia de estafa por parte de Manos Limpias  a causa de un crédito de 26,6 millones de euros, concedido al Grupo Marsans por Caja Madrid, y cuyas diligencias fueron sobreseídas por el juez Elpidio J. Silva en el mes de Febrero de 2010 por falta de pruebas;  sin embargo en Junio del 2012 volvió a reabrirlo  inhibiéndose  a favor de la Audiencia Nacional la  cual  decide devolver el expediente al juzgado de Silva que emite un auto  por el que vuelve a decidir la reapertura del caso, imputando a los Sres. Blesa y Díaz Ferrán al ver indicios de  criminalidad  por la concesión de dicho crédito. Posteriormente el juez Silva vuelve a citar al Sr. Blesa por la adquisición del City National Bank de Florida, de tal forma que el juez abre una nueva causa contra el banquero y le envía a prisión  ante un “innegable riesgo de fuga”, recuperando la libertad el Sr. Blesa al día siguiente tras depositar la fianza de 2,5 millones de euros que se había establecido. Apenas 20 días después el juez vuelve a ordenar su ingreso en prisión, esta vez de forma incondicional, al considerar como prueba un intercambio de correos electrónicos que hacían referencia a un posible sobreprecio en la compra del citado banco. Catorce días después, en base a un recurso presentado por la defensa, la Audiencia Provincial de Madrid anula la investigación del juez Silva por convertir la concesión del crédito en una causa general contra el Sr. Blesa, dejando sin efecto todas las actuaciones derivadas de las mismas y retrotraer el procedimiento a Febrero de 2010. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid no implicó la excarcelación inmediata del Sr. Blesa, ya que estaba en prisión preventiva por el caso de adquisición del City National Bank, de lo cual el tribunal no tiene conocimiento.  En su opinión la prisión preventiva  solo se debe decretar por tres motivos: 1) Riesgo de fuga. 2) Detención de pruebas. 3) Reiteración delictiva. En el “caso Blesa” no se da ninguna de estas tres finalidades, por lo que considera que estuvo mal acordada. Que el Sr. Blesa haya cometido delito o no, está por ver. Cree que el juez Elpidio J. Silva se ha equivocado. No se pueden consentir espectáculos bochornosos como que se hayan destruido los discos duros del ordenador o cosas por el estilo; si fuera un caso mío, yo no pido los discos duros, yo  los  cojo, y asunto terminado (Caso Gurtel y Barcenas). Tampoco se puede permitir que un juez obcecado prive de libertad a un ciudadano aunque sea por un solo día, esto merece un castigo muy severo. En este tipo de casos uno no puede ni debe  precipitarse, hay que ser muy meticuloso”.

“Ante los casos delictivos más sangrantes de personajes famosos de este país en las últimas décadas, es cierto que la gente lo que quiere es una justicia inmediata y sobre todo castigos ejemplares, algo que en un proceso judicial por regla general muy complejo, no se puede juzgar a la ligera y mucho menos en plazos muy cortos, es necesario un análisis profundo de los sumarios para poder llegar a conclusiones justas, sin embargo está convencido que la justicia pese a ser lenta y que a veces no triunfa, al final llega y el peso de la ley, por regla general, cae sobre los delincuentes. Hay casos que llaman poderosamente la atención y que crispan a la ciudadanía, como por ejemplo el indulto a unos Sres., por  “falsificación de pruebas”,  por parte del Tribunal Constitucional en el “caso Urbanor”, que cambió la doctrina de prescripciones,  y que previamente habían sido condenados por el Tribunal Supremo, pero hay que aclarar que el Tribunal Constitucional, no es un tribunal de justicia, como prueba el hecho que 10 de sus 12 miembros sean elegidos por el poder político y solamente 2 por el Consejo General del Poder Judicial”.

“En la cuestión de los nombramientos  en la carrera judicial, si realmente se quiere que haya independencia en la justicia, estima que se podrían barajar dos posibles modelos. La cuestión está en definir y delimitar en primer lugar las potestades del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, que hoy por hoy nombra presidentes y magistrados a su libre albedrío. Considera que los nombramientos debieran hacerse en función del currículo de cada juez, no de una forma discrecional, sino baremados, de esta forma posiblemente los cargos elegidos no serían en todo momento los que más  agradarían  al gobierno de turno. Algo que en su opinión sería francamente bueno. Otra opción para el nombramiento podría ser  en función de la carrera judicial de cada uno, cosa que hoy no existe. Actualmente se inicia como juez, por antigüedad se llega a Magistrado y luego solo le queda a uno llegar a ser Magistrado del Supremo, de tal forma que la carrera judicial se acaba cuando llegas a Magistrado, sin embargo si volviesen a normalizar las cinco categorías de jueces, los nombramientos serían mucho más justos. Se empezaría primero como “Juez de ingreso”, “Juez de ascenso”, “Magistrado”, “Magistrado de Término” y “Magistrado del Supremo”. Estos últimos serían elegidos necesariamente entre los Magistrados de Término, cosa que hoy no quieren los miembros del Tribunal Supremo. A Magistrado de Término se llegaría por un cupo, (200 en España),  que tendrían que tener una experiencia de 28/30 años de antigüedad lo cual evitaría traiciones y pasteleos políticos, ya que cuando uno haya llegado a este cargo tendría una edad con gran experiencia no solo jurídica, sino personal, lo cual le permitiría una gran independencia. Hoy por hoy ninguna fuerza política está de acuerdo con aplicar cualquiera de estas opciones, de alguna manera les conviene mantener el sistema actual”.

“El poder judicial ante todo tiene que ser “imparcial” e “independiente”, que son dos cosas completamente distintas. La imparcialidad es la neutralidad y la ecuanimidad a la hora de aplicar la justicia entre las partes. La independencia, es la total libertad sin estar condicionada por nada ni por nadie”.

 

“El problema de los jueces “estrella”, que pretenden estar por encima del bien y del mal, es producto de un sistema corrupto en el que nos encontramos. Un sumario no puede durar dos años  por muy complicado que sea,  es un auténtico disparate, esto se asemeja más a un estado inquisitorial que a una justicia moderna y sobre todo justa. Y en estos procesos, los jueces en vez de ser respaldados en sus actuaciones, debieran ser sancionados. Hay casos sangrantes que han durado muchos años y otros que van camino de ello, lo cual en su opinión es intolerable. Muchas de estas situaciones podrían evitarse si el Ministerio Fiscal hiciera de controlador del procedimiento, seguro que se evitaría que estos temas se convirtieran en “monstruos desmadrados” y casi incontrolables, que con toda seguridad podrían haber tenido un desenlace en un corto período de tiempo; y lo que es peor, si además por su singularidad y connotación social los casos son interesantes para la prensa sensacionalista, pueden eternizarse en el tiempo. Esto no es permisible”.

“Sobre el controvertido tema de que “la justicia no funciona en España”, que se necesitan muchos más medios y más dinero, es una verdad a medias, o sea una media mentira. Si usáramos medianamente bien el 20% de los recursos que tenemos, el resultado sería francamente bueno y posiblemente la opinión sería muy distinta,  lo que pasa es que lo tenemos  no se usa como debiera usarse, si se hiciera, con toda seguridad los expedientes se resolverían muchísimo antes que lo que se hace en estos momentos. Por ejemplo en la cuestión del personal, es cierto que no hay control sobre los horarios de los funcionarios, algo que debiera ser controlado por el Secretario Judicial, que es el Jefe de Personal; ¿por qué no se hace?, ese un problema que no es de su competencia; ¿alguien debiera controlar todo esto?, eso está muy claro que debiera ser así. Por lo que respecta a la imagen de la justicia en España, cree que aquellos ciudadanos que han acudido en algún momento a las administraciones de justicia, tienen mejor opinión de estas, que los que no han acudido nunca. El ciudadano acude a los Tribunales porque no se fía de nadie más, y eso de alguna forma dice mucho a favor de justicia en general”.

“Ante la gran cantidad de casos de corrupción en la clase política española, cree que esto es un problema de mentalidad. Nadie entendería en el mundo anglosajón, que un político imputado en un caso de corrupción aunque haya sido absuelto, se volviera a presentar en unas listas a unas nuevas elecciones, sin embargo en España, se presenta sin ningún problema y como algo muy natural.  En parte el problema nace en el sistema de funcionamiento del propio Estado español; el poder ejecutivo lo controla todo, el legislativo dice lo que le dicen que diga y el judicial también se trata de controlar por parte del ejecutivo, no en los pequeños asuntos, sino en las grandes cuestiones. También es cierto que en la sociedad española siempre ha habido un sentimiento pesimista, algo que estima que son los propios ciudadanos los que debieran sobreponerse a ello”.

“Sobre la condena  por el delito de prevaricación imprudente del Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, por dictar un auto, apoyado por la fiscalía, para autorizar las escuchas de los abogados en el “caso Gurtel”, no quiere hacer valoraciones sobre el fallo del Tribunal, lo que si le parece intolerable es que no haya sido indultado al dia siguiente. Un servidor de la justicia como el Sr. Garzón que durante más de 25 años todos los gobiernos de este país lo hayan felicitado, por el hecho de haber sido una pieza fundamental en la persecución y desmantelamiento de la banda terrorista ETA, no puede ahora el poder ejecutivo volver la cara y no querer saber nada del asunto. El Sr. Garzón, no se merece estar condenado. La trayectoria vital del juez Baltasar Garzón, que ha prestado enormes servicios a España y todo el país lo reconoce, es merecedora de la extinción de la responsabilidad penal y el perdón de la pena, sin dilación de ningún tipo. Precisamente para casos como este está el indulto”.

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En un mundo tan farragoso para los ciudadanos como es el de la administración de justicia, oyendo a Javier Gómez Bermúdez en un tono esclarecedor e ilustrativo, enmarcado siempre dentro de  una gran amenidad, y puntualizando hasta el menor de  los detalles,  nos ha servido a varios de los que allí estuvimos, acabar entendiendo muchas cosas que hasta ese momento nos parecían incomprensibles. Una magnífica clase magistral y un análisis pormenorizado sobre el mundo de la justicia, con casos concretos de rabiosa actualidad y ejemplos prácticos nos han hecho comprender de alguna forma muchas cuestiones que sin su ayuda seríamos incapaces de asimilar.

Un Magistrado que siempre ha estado en las trincheras más avanzadas de la justicia, que ha resuelto con brillantez y eficacia los casos más difíciles que ha tenido que lidiar y  donde su mallete firme y seguro,  no ha dudado ni un momento en sentar las bases de una inmaculada ecuanimidad de la que ha hecho gala a lo largo de su dilatada carrera.

Gracias por todo Javier, muchas gracias.

Por: Luis Yáñez.